Sobre Ruedas 92 - 2016 - page 8

sobreruedas
el “interés general de que la participación electoral se
realice de forma libre y con un nivel de conocimiento
mínimo respecto del hecho de votar”. Se admite, pues,
que el interés protegido en este caso no es el de la per-
sona supuestamente objeto de protección. Lo que per-
mitiría concluir que la privación del derecho al voto en
un procedimiento de incapacitación es una nota discor-
dante en la naturaleza de esta institución, puesto que,
como señalaba, no responde a ninguna necesidad de
protección de los intereses del presunto incapaz.
Pero el motivo de fondo que mueve el reclamo de este
derecho no es una cuestión de encaje jurídico o de ca-
pacidades y su evaluación, sino de reconocimiento de la
persona con discapacidad en igualdad de condiciones
que los demás, en todos los ámbitos de la vida: el civil,
el social, el político, el cultural y el económico. Así se
pronuncia la Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) que
entró en vigor en España en 2008, y que obliga al Estado
a adaptar las leyes a su contenido.
Concretamente, en su artículo 29 reconoce el derecho a
la participación en la vida política y pública de las per-
sonas con discapacidad, y la obligación de los Estados
de garantizarles el derecho y la posibilidad de votar y ser
elegidas, entre otras formas, mediante: a) la garantía de
que los procedimientos, instalaciones y materiales elec-
torales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender
y utilizar; b) la protección para emitir su voto en secre-
to sin intimidación y a presentarse como candidatas en
las elecciones, a ejercer cargos y desempeñar cualquier
función pública a todos los niveles de gobiernos; c) la
garantía de su libre expresión de la voluntad como elec-
tores, y a este fin, cuando sea necesario y a petición de
ellos, permitir que una persona de su elección les preste
asistencia para votar.
Me gustaría esclarecer dos cuestiones. En primer lugar, el
derecho al sufragio no es un derecho que les sea recono-
cido a las personas con discapacidad por primera vez a
partir de la mencionada Convención. Ya en 1966, el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (uno de
los pilares del sistema internacional de los derechos hu-
manos) reconocía el derecho de “todos los ciudadanos”
a votar y ser elegidos. También el Consejo de Europa, en
su Recomendación de 2006 sobre la promoción de los
derechos y plena participación de las personas con dis-
capacidad en la sociedad, encomendaba a los Estados
asegurarse de que las personas con una discapacidad
no eran excluidas de su derecho al sufragio por razón de
su discapacidad. Pero la CDPD va más allá, y obliga a los
Estados a garantizar este derecho adoptando los ajustes
necesarios para que las personas con dificultades psíqui-
cas y/o motrices puedan ejercerlo, incluso mediante un
sistema de apoyos.
En este sentido, y como segunda cuestión a tratar, en
el caso que abre este artículo, el TC respondió sobre la
presunta discriminación que supone la privación del
derecho al voto argumentando que esta no era discri-
minatoria porque no era la discapacidad en sí misma
lo que la legitimaba, sino la ausencia de facultades para
comprender y tomar decisiones de la persona afectada.
Considero, otra vez, que se trata de un enfoque erróneo
por parte del Tribunal: para llevar a término una incapa-
citación judicial es necesario la existencia previa de una
enfermedad o deficiencia persistente que limite el auto-
gobierno, situación que sin los necesarios apoyos cons-
tituirá una discapacidad. Por lo tanto, la incapacitación
es una medida que básicamente se aplica a personas con
discapacidad, por lo que serán estas las que se verán des-
proporcionadamente afectadas por las restricciones de
derechos que conlleva, entre ellos el del sufragio. Y una
norma que impacta negativamente y de forma despro-
porcionada sobre un colectivo concreto constituye dis-
criminación. Es más, cuando este colectivo ha estado
históricamente discriminado, cualquier restricción en
sus derechos exige una mayor justificación.
La posición del TC, pues, no solo es desacertada en su
apreciación del principio de igualdad, sino que obvia
la CDPD y el enfoque basado en un modelo de apoyos.
Aunque apreciásemos los argumentos del TC, estos no
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