Sobre Ruedas 92 - 2016 - page 7

sobreruedas
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ces un nivel de exigencia de conocimientos y habilidades
electorales que no se requiere al resto de la población. Y
el segundo, porque se basa en un concepto, la “influen-
ciabilidad”, difícilmente objetivable y que puede darse en
personas sin discapacidad sin que ello sea un argumento
válido para privarles del ejercicio del derecho de voto.
Paralelamente a los hechos ocurridos ante el TC, el mis-
mo 8 de febrero, el Parlamento catalán aprobaba la Ley
del libro sexto del Código Civil de Cataluña, de la cual
se destacó especialmente una modificación en la regu-
lación de la incapacitación, según la cual, para evitar
que las personas con discapacidad intelectual y mental
pierdan automáticamente su derecho al voto, los jueces
deberán pronunciarse de manera expresa sobre la capa-
cidad de todos los que pasen por un proceso de incapaci-
tación judicial para el libre ejercicio de este derecho. Esta
modificación, en realidad, no aporta nada nuevo, sino
que se limita a reiterar un requisito que ya se preveía en
la LOREG (de 1985); y ade-
más, al presentar el cam-
bio como novedoso, obvia
lo que la jurisprudencia
ya ha establecido en no
pocas ocasiones: que la
incapacitación debe ser
un “traje a medida” y, por
lo tanto, un instrumento
flexible y personalizado
según las necesidades e
intereses individuales, de-
biéndose especificar en
toda sentencia aquellos
actos por los que queda
impedido el afectado.
Debe recordarse que la
incapacitación se justifica
como medida de protec-
ción de los intereses de
las personas que sufren
enfermedades o deficien-
cias persistentes que les
impidan autogobernarse.
El objetivo, pues, de esta
institución jurídica, de-
bería ser evitar cualquier
perjuicio a la persona
afectada, por lo que debe-
ría presidirla el beneficio
e interés del incapacita-
do. En este sentido, cues-
ta imaginar cómo ejercer
el sufragio puede perju-
dicar a los intereses de la
persona a quien se pre-
tende proteger. El mismo
TC ha argumentado en
sentencias anteriores que
la privación del derecho
al sufragio se justifica por
“La incapacitación
debe ser un ‘traje
a medida’ y,
por lo tanto, un
instrumento flexible
y personalizado
según las
necesidades
e intereses
individuales.”
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