Sobre Ruedas 92 - 2016 - page 6

sobreruedas
6 a fondo
exigencias: tener la nacio-
nalidad española, ser ma-
yor de edad, estar inscrito
en el censo electoral, no
haber sido inhabilitado a
tal efecto por una pena, y
no haber sido declarado
judicialmente incapaz o
no estar internado por or-
den judicial en un hospi-
tal psiquiátrico. En estos
dos últimos supuestos, la
sentencia judicial debe
prever expresamente la
restricción del derecho al
sufragio. Es decir, no todas
las personas judicialmente
incapacitadas ni todas las
personas ingresadas en un
hospital psiquiátrico deberían verse privadas automáti-
camente de este derecho, sino únicamente cuando así lo
determine expresamente la sentencia en cuestión. A pe-
sar de ello, la preocupante proporción de incapacitaciones
absolutas en nuestro país, que superan el 90 % de las de-
mandas estimadas, así como la ausencia de práctica jurídi-
ca de individualizar las medidas de protección, nos enfren-
tan a la evidencia de que se niega el derecho al sufragio a
unas 100.000 personas, según estima el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Para denegar este derecho, el juez debe valorar que la
persona en cuestión carece de las habilidades cognitivas
necesarias para entender el sentido de las elecciones, y
apreciar que sus decisiones electorales no se verán influi-
das. Este es también el argumento sostenido por el TC en
la mencionada sentencia. Argumentos que, a mi parecer,
y en concordancia con otras voces, son débiles y discrimi-
natorios. El primero, porque pide a los presuntos incapa-
“El objetivo,
pues, de esta
institución jurídica,
debería ser evitar
cualquier perjuicio
a la persona
afectada, por lo que
debería presidirla
el beneficio
e interés del
incapacitado.“
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