Sobre Ruedas 92 - 2016 - page 13

sobreruedas
juez lo dictamine. Con esta reforma de ley, el gobierno de
la Generalitat quiere poner el énfasis en las capacidades y
no en las discapacidades.
3. Se estima que en Catalunya son 4.000 las personas
que no tienen derecho al voto como consecuencia de
estas sentencias de incapacidad (en todo el Estado
español serían unas 100.000. ¿En qué casos solía darse
esta sentencia por inercia?
Cuando se declara incapaz a una persona, no tiene por
qué serlo en todos los aspectos de la vida. El derecho
al voto se debe limitar solo en casos extremos. Esta-
ríamos hablando de personas que probablemente no
comprenden nada o casi nada de su entorno, y que po-
siblemente no hayan ejercido el derecho al voto nunca.
Cuando se anula el derecho al voto de una persona con
discapacidad por defecto, revertir
a posteriori
esta si-
tuación es un sobreesfuerzo en tiempo y dinero para la
propia persona y su familia. Con esta ley se intentará
evitar situaciones injustas en el futuro. La ley no tiene
carácter retroactivo, y no puede solucionar automáti-
camente problemas pasados, que se verán obligados a
recurrir dicha sentencia.
4. ¿Esta cuestión era una prioridad para el gobierno
por su compromiso con las personas con discapacidad,
o bien la respuesta a una obligación contraída y
largamente reivindicada?
Las dos cosas. Para nosotros era una prioridad, además de
una reclamación reivindicada por el colectivo afectado.
Nuestro gobierno es muy sensible respecto a la discapaci-
dad y las problemáticas que lleva asociadas, como la priva-
ción de derechos, porque creemos en una sociedad justa e
inclusiva. Y no hablamos solo de la discapacidad intelec-
tual, sino de la discapacidad física y sus limitaciones. So-
mos muy conscientes de que la actual Ley de la Depen-
dencia no siempre logra cumplir con sus compromisos
por problemas de financiación. No obstante, el 80 % del
presupuesto de la Ley de la Dependencia proviene direc-
tamente de la Generalitat de Cataluña.
5. La legislación española suscribe la Convención de las
Naciones Unidas de 2006, que fija que las personas con
discapacidad intelectual tienen capacidad jurídica, y deja
la decisión final en manos de los jueces. Sin embargo,
todavía no hay una reforma en el Código Civil que así lo
ampare. ¿Qué debe hacer el ciudadano en este caso?
La ley ya es efectiva desde el 1 de marzo, y está recogida
en el Código Civil catalán, pero no en el español, y así
deberá constar en la sentencia. En el caso del Estado es-
pañol, la ley lo suscribe pero no lo aplica, de manera que
deberán ser los diferentes operadores judiciales los que
reclamen de manera específica este derecho del ciuda-
dano en cada caso.
6. ¿La Convención de la ONU respecto de los derechos
de las personas con discapacidad debe ser garantista o
igualitaria?
Nuestra obligación es amparar a todos los ciudadanos
por igual, e intentar respetar siempre la voluntad y la
máxima autonomía de cada individuo, que debe poder
tomar sus decisiones; y la administración debe poner
los recursos a su disposición, del tipo que sean, para
que pueda ejercer sus derechos con plenitud.
Trabajamos en aquellas líneas que, tal como reconoce
la Convención de la ONU de 2006, han de velar por el
máximo reconocimiento de derechos de las personas
con discapacidad, que se basan en la promoción y en la
prevención, en la atención fundamentada en los dere-
chos, en la integración de intervenciones en diferentes
redes de atención primaria y especializada, y en el desa-
rrollo de un modelo de atención centrado en la comuni-
dad que favorezca la inclusión social.
Solo con complicidad, compromiso y la colaboración de
todas las instituciones, entidades y personas de nuestro
país que trabajan por un objetivo común podremos ga-
rantizar un presente y un futuro mejor para las personas
con discapacidad.
la entrevista 13
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...52
Powered by FlippingBook