Sobre Ruedas 92 - 2016 - page 20

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/ Institut Guttmann
que trabaja con estas personas, estos
servicios no acaban de funcionar y
perpetúan la falsa inclusión.
Aunque parezca que son enfoques to-
talmente opuestos, un análisis más
detallado pone de manifiesto su com-
plementariedad y compatibilidad en el
marco general de una atención socio-
sanitaria integral. El modelo inclusivo
generalista vendría a ser el modelo de
atención básico (que incluye la preven-
ción y la rehabilitación). El modelo
especializado, aseguraría la atención
específica de aquellas personas con DI
que no han tenido un buen encaje en los
servicios generalistas. La coexistencia
de los dos modelos, en unmodelomixto,
fomentaría el ejercicio de un derecho
fundamental: la libertad de elección
y el derecho a decidir la opción que
más le gusta a una persona para vivir.
Desde el ámbito social
En los últimos diez años, el campo
de la atención social a las personas
con DI ha dado un salto adelante con
la aprobación de la
Ley 51/2003
, de
igualdad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y
el desarrollo de la
Ley estatal de la
dependencia
, de diciembre de 2006,
que tiene que ofrecer prestación uni-
versal de servicios para la autonomía
y la calidad de vida. La vigente Ley
catalana de servicios sociales, apro-
bada en octubre de 2007, contiene
un catálogo detallado de servicios y
prestaciones, catálogo del que se deriva
la cartera de servicios 2008-2009,
ofrecidos a la población susceptible
de acogerse a los servicios sociales.
Esta Ley ordena y regula, junto con
la Ley de dependencia, una única red
de servicios y recursos necesarios en
el conjunto del territorio.
Las prestaciones detalladas en esta
cartera diferencian entre prestacio-
nes de servicios sociales
básicos
, o
genéricos
, dirigidos a la población
general, y las prestaciones de los ser-
vicios sociales
especializados
. Estas
últimos servicios están dirigidos a: 1)
personas con dependencia, 2) personas
mayores con dependencia o riesgo
social, 3) personas con dependencia
atendidas en centros socio-sanitarios,
y, finalmente, 4) los servicios para las
personas con discapacidad en los que
están incluidos diferentes colectivos
(discapacidad intelectual, discapa-
cidad física, sensorial, enfermedad
mental, drogodependencia, afectados
por VIH/SIDA, cuidadores familia-
res y no profesionales, familias con
problemáticas sociales y riesgo de
exclusión social, mujeres en situación
de violencia machista y sus hijos).
Desde el ámbito
sanitario
La posibilidad de que las personas
con discapacidad intelectual presenta-
ran un trastorno psiquiátrico ha sido
desestimada, tanto por profesiona-
les como por gestores sanitarios, al
considerarse menos debilitante que
la propia discapacidad intelectual,
o al considerarse una consecuencia
inevitable de esta. Podríamos decir,
pues, que la coexistencia de ambos
trastornos, que llamaremos
diagnós-
tico dual
, el intelectual y el mental, a
menudo no ha sido reconocida, y ha
sido casi siempre infradiagnosticada,
y, consecuentemente, no tratada. El
fenómeno llamado
diagnóstico eclip-
sado
explica cómo la atribución de
las alteraciones de la conducta a la
propia condición de persona con disca-
pacidad intelectual puede enmascarar
un proceso psiquiátrico subyacente.
Bajo este punto de vista, el diagnóstico
de trastorno mental estaría eclipsado
desde dos vertientes: por los profe-
sionales clínicos, que, en su mayoría,
no reconocen este diagnóstico y solo
valoran la DI; y por los gestores sa-
nitarios, que lo desplazan del ámbito
de actuación de la salud mental.
Cabe señalar que la mayoría de per-
sonas con diagnóstico dual nunca son
diagnosticadas, ni mucho menos aten-
didas, en servicios de Salud Mental,
ya que estos servicios no disponen ni
de los recursos ni de la preparación
adecuada. La falta de conocimiento
de los profesionales de este sector,
principalmente los psiquiatras, los
psicólogos y los neurólogos, ha consti-
tuido uno de los principales obstáculos.
Actualmente, el reconocimiento del
derecho de las personas con discapa-
cidad mental a recibir las atenciones
médicas apropiadas, y los principios
de la normalización y los principios
recogidos en la Convención sobre los
derechos de las personas con discapa-
cidad, según los cuales los sujetos con
DI tienen que vivir en la comunidad
y utilizar sus recursos, nos obligan
a mejorar nuestras habilidades para
detectar y diagnosticar trastornos
mentales en personas con DI, ya que
la presencia de la enfermedad men-
tal reduce aún más la capacidad de
la persona para funcionar de forma
independiente en la comunidad.
ParaunapersonaconDI, condificultades
de adaptación almedio, una enfermedad
mental adicional puede suponer requerir
deunaatenciónmás intensa, conmayores
necesidades de apoyo, y puede conducir
a que su calidad de vida permanezca
seriamente afectada si sus problemas
psiquiátricos no son diagnosticados y
tratados de forma eficaz.
En Cataluña, se ha evidenciado un
interés por el desarrollo de programas
y servicios para atender a las personas
con DI y enfermedad mental, tanto
por parte de las administraciones
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