Sobre Ruedas 88 - 2015 - page 13

Sobre Ruedas /
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A Fondo
• Algunas personas pueden no desear
ejercer su derecho a recibir apoyos.
• El art. 12 incluye obligación de
ofrecer salvaguardas, que tendrán
como principal objetivo el respeto
de los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona, así como
la protección de los abusos.
• Cuando por causa de la discapacidad
no se pueda determinar fácilmente
la voluntad de la persona, allí donde
hasta ahora se ha utilizado como cri-
terio para decidir el concepto“interés
superior” de la persona, es necesario
utilizar la “mejor interpretación de
la voluntad y las preferencias”.
• Ante la posible “influencia indebi-
da” de terceros a la hora de tomar
decisiones, las salvaguardas que
se adopten han de proteger, pero
es necesario también respetar los
derechos, la voluntad y las prefe-
rencias de la persona, incluyendo
el derecho a asumir riesgos y a
cometer errores.
• El criterio de negar a las personas
con discapacidad la capacidad ju-
rídica para cuestiones financieras
se ha de sustituir por el apoyo para
ejercer la capacidad jurídica.
Obligaciones de los estados parte
• Obligación de impedir interferen-
cias de terceros en el ejercicio de
capacidad jurídica. Obligación de
impartir capacitación para que
personas con discapacidad puedan
decidir cuándo necesitan apoyo, o
cuándo no lo necesitan.
• Examinar las leyes que regulan la
guarda y la tutela y tomar medidas
para elaborar leyes y políticas por
las cuales se reemplacen los regíme-
nes basados en la sustitución en la
adopción de decisiones por un apoyo
para la adopción de decisiones que
respete la autonomía, la voluntad
y las preferencias de la persona.
• Obligación de sustituir los regímenes
basados en la adopción de decisiones
para sustitución, por otros que se
basen en el apoyo a la adopción
de decisiones. Es necesario que se
supriman los primeros y se elaboren
alternativas para los segundos.
Hacerlo en paralelo a mantener
los primeros no cumple el art.12.
Un régimen de apoyo a la toma de deci-
siones comprende diversas opciones de
apoyo que dan primacía a la voluntad
y a las preferencias de la persona y
respetan las normas de los derechos
humanos. El régimen tiene que proteger
todos los derechos, incluidos los que se
refieran a la autonomía (derecho a la
capacidad jurídica, derecho al igual
reconocimiento como persona ante la
ley, derecho a escoger dónde vivir, etc.)
y los relativos a la protección contra
el abuso y el maltrato (derecho a la
vida, integridad física…). Además, los
sistemas de apoyo para la adopción de
decisiones no han de regular en exceso
la vida de las personas con discapacidad.
Los regímenes de apoyo pueden adoptar
muchas formas, pero tienen que incluir:
• Disponibilidad para todo el mundo,
aunque sea necesario un apoyo muy
elevado para adoptar decisiones.
• Todas las formas de apoyo se tienen
que basar en la voluntad y prefe-
rencias, no en lo que se suponga
que es su supuesto interés objetivo.
• La persona o personas encargadas
del apoyo, escogidas oficialmente
por la persona afectada, tienen que
disponer de reconocimiento jurídico.
• Los Estados tienen que facilitar la
creación del apoyo para los que no
lo tengan de forma natural.
• Las actuaciones de los apoyos se-
rán impugnables, especialmente si
no actúan en consonancia con la
voluntad y preferencias.
• El coste del apoyo ha de ser sim-
bólico o gratuito. Todo el mundo
tiene que poder acceder.
• La persona tiene que tener derecho
a rechazar el apoyo, poner fin a la
relación de apoyo o cambiarla en
cualquier momento.
• Las salvaguardas tienen que tener
como objetivo respetar la voluntad
y las preferencias de la persona.
• Son necesarios nuevos indicadores de
evaluación de la necesidad de apoyo.
Estas obligaciones de los Estados
nacen de la ratificación: NO SON DE
APLICACIÓN PROGRESIVA
Creo que ni nuestros servicios públicos,
ni mucho menos nuestra sociedad, están
hoy preparados paraasumir loque supone
esta nueva concepción del derecho a la
plena capacidad jurídica, sea cual sea
la situación mental o la discapacidad de
la persona, así como el derecho a recibir
apoyo para ejercerla (¡si se desea!), y
que no podemos tardar en ponernos a
pensar cómo nos tenemos que adaptar
a la nueva situación, tanto por lo que
respecta al ordenamiento jurídico, que
inevitablemente tendrá que cambiar
(hay dos leyes, de 2009 y de 2011, que
contienen mandamientos al Gobierno
del Estado para modificar las leyes y
adaptarlas a laConvención), como por los
cambios sociales que tiene que suponer.
Lo mismo pasa en todos los países que
han ratificado la Convención sin hacer
reservas en la aplicación del artículo
12 (países tan “poco avanzados” como
Australia, Canadá, Noruega no aplican
este artículo, y Estados Unidos no ha
ratificado la Convención, entre otros
motivos, por este artículo).
A la vez, no hay un modelo de sistemas
de apoyo a la toma de decisiones y en
todas partes se está buscando cómo
desarrollarlos, porque sin estos nuevos
mecanismos no se cumple laConvención.
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