Sobre Ruedas 88 - 2015 - page 12

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/ Institut Guttmann
Mientras las leyes no lleguen, el
Tribunal Supremo acordó en una
sentencia de abril de 2009 que el
régimen vigente se podía ajustar a la
Convención, si se seguían una serie
de normas interpretativas.
Con esta precariedad jurídica hemos
ido haciendo. Mientras, además, se ha
incrementado el número de personas
que, en Cataluña y en el conjunto del
Estado, se han intentado proteger a
partir de sentencias que nombran tutor
o curador, ya sea este una persona
física, ya sea una persona jurídica.
La lentitud del Estado Español en
adaptar las leyes a la Convención en
materia de capacidad jurídica no la
han tenido otros países que sí han pro-
curado hacer los deberes y modificar
sus leyes. Aun así, en muchos casos,
la adaptación ha sido moderada y han
intentado mantener el régimen, , aun
moduladas y flexibles, las institucio-
nes de la tutela y algunas formas de
sustitución en la toma de decisiones.
El Comité de Derechos de las personas
con discapacidad de Naciones Unidas,
órgano creado por lamismaConvención
con el objetivo de asegurar el cumpli-
miento de las obligaciones de los estados
que son parte y de que estos no violen
cualquiera de las disposiciones de la
misma, no ha tenido bastante con estas
adaptaciones, dado que no cree que se
ajusten a las obligaciones asumidas.
Por este motivo, el pasado 11 de abril
de 2014, el Comité aprobó su Comen-
tario General en el que interpreta el
artículo 12 de la Convención y las
obligaciones que tienen que asumir los
Estados. En este documento se hace
saltar por los aires la posibilidad de
declarar que una persona, por causa
de cualquier discapacidad que afecte
su forma de tomar decisiones, pueda
ser declarada incapaz y, en función de
esta declaración, nombrarle un tutor
que adopte decisiones por ella o un
curador que complemente su capacidad.
Veamos los términos contundentes
de este Comentario General:
• El Comité observa que hay un mal-
entendido generalizado en los Es-
tados parte sobre el alcance de las
obligaciones del artículo 12 de la
Convención. No se ha entendido qué
implica pasar del paradigma de las
decisiones sustitutivas a otro que se
basa en el apoyo para adoptarlas.
• No hay ninguna circunstancia que
permita privar del derecho al igual
reconocimiento ante la ley, o limitar
este derecho.
• Las prácticas o regímenes basados en
sustitución en la toma de decisiones,
tipo tutela, curatela o leyes de salud
mental que permiten tratamiento
forzoso... han de ser abolidas.
• Cuando el artículo 12 dice “capa-
cidad jurídica en igualdad de con-
diciones que los demás”, incluye la
capacidad de ser titular de derechos
y la de actuar en derecho, recono-
ciendo así a la persona como actor
facultado para hacer transacciones
y para crear relaciones jurídicas,
modificarlas o ponerles fin.
• El art.12 no permite negar la ca-
pacidad jurídica, sino que exige
que se proporcione apoyo para su
ejercicio, que ha de respetar los
derechos, la voluntad y las prefe-
rencias de las personas, nunca ha
de consistir en decidir por ellas.
• El tipo y la intensidad del apoyo
variará en función de la situación
de la persona, pero siempre, hasta
en situación de crisis, será necesario
respetar la autonomía individual y
la capacidad de adoptar decisiones.
Desde el primer momento, ya se veía que la Convención
supondría cambios sustanciales en esta materia...
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