Sobre Ruedas 88 - 2015 - page 10

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/ Institut Guttmann
A Fondo
Existe una conciencia social bien clara
sobre lo que supone tener la “tutela”
de alguien, el tipo de decisiones por las
cuales se faculta a los titulares de esta
función sobre la vida de la persona con
discapacidad y las responsabilidades
que se asumen ante la ley, amparadas
en la investigación del mejor interés
para la persona con discapacidad.
Unos datos para ver la trascendencia
y la repercusión social de estas figuras
de protección: en Cataluña, en el año
2013, se tramitaron 4.145 procedi-
mientos llamados de incapacitación; y
se llegó a las 5.597 personas protegidas
a través de entidades tutelares (el juez
puede designar una entidad cuando no
hay familiares o cuando considera que
estos no están en disposición de ejercer
las funciones tutelares convenientemen-
te), supervisadas y financiadas por la
Generalitat de Catalunya.
Todo este sistema de protección de
las personas que, por causa de una
enfermedad o discapacidad, pueden
tener dificultades para adoptar váli-
damente decisiones en todos o algunos
aspectos de su vida, y que tenemos tan
asimilado en nuestro ordenamiento
jurídico y en nuestra cultura social, ya
tendría que estar abolido y sustituido
por otras formas de apoyo.
Al menos, esto es lo que se desprende del
informe emitido el pasado 11 de abril de
2014 por el Comité de Derechos de las
Personas con Discapacidad deNaciones
Unidas, analizando el artículo 12 de la
Convención Internacional de Derechos
de las Personas con Discapacidad.
La Convención Internacional de Dere-
chos de las Personas con Discapacidad,
firmada enNueva York en diciembre de
2006 y ratificada por el EstadoEspañol
en 2008, forma parte del ordenamiento
jurídico español (y de otros 150 estados
que la han ratificado), y sus prescrip-
ciones pueden ya ser invocadas por los
ciudadanos ante los tribunales.
La Convención pretende que los dere-
chos humanos, reconocidos para todo
el mundo, sean disfrutados plenamente
también por las personas con discapaci-
La incapacitación como
medida protectora
Cualquier abogado que tenga que asesorar a familiares de personas gravemente afectadas por discapacidades, que
se manifiesten con dificultades para adoptar decisiones y/o riesgos, es muy probable que, en caso de adoptarlas por
sí mismo, estas puedan perjudicar a la propia persona con discapacidad (discapacidades intelectuales, enfermedades
mentales, demencias, secuelas de traumatismos craneales...). Les informará de que el derecho hace muchos siglos -ya
lo preveían los romanos- ofrece una batería de soluciones que, de forma muy resumida, se basan en la declaración
judicial de “incapacitación” en mayor o menor grado, y la atribución de facultades para decidir (tutor) o para condicionar
la validez de decisiones (curador) a otra persona, normalmente un familiar o, eventualmente, cuando no hay apoyo
familiar, a una institución.
Josep Mª Solé
Abogado
Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
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