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/ Institut Guttmann
autónoma en relación a una persona sin
discapacidad. Otra cuestión no resuelta
en la LAPAD es el hecho de que las
actuales prestaciones económicas no
puedan ser utilizadas para a adquirir
productos de apoyo (ayudas técnicas),
para realizar las adaptaciones de la vi-
vienda haciéndolas accesibles o usables,
para la adquisición de productos de
domótica, el transporte y la movilidad
o la bien las viviendas con servicios de
apoyo, es decir, prestaciones y servicios
que inciden en los aspectos más sociales
y son esenciales para promocionar la
autonomía personal y una vida inde-
pendiente. La rigidez de la cartera de
servicios de la LAPAD genera
aquelloqueparecíaquepretendía
evitar: una gestión centrada en
los servicios
versus
la gestión
de necesidades como forma
gestora de abordar la cuestión
de la autonomía.
Lo cierto es que la LAPAD con-
templa de forma insuficiente
la promoción de la autonomía
personal y la vida independiente
y ello es difícil desde una ley
con una orientación claramente
asistencialista. En estas circuns-
tancias, cabría plantearse si es
necesario abundar en un mayor
desarrollo y adaptación de la
LAPADa la luzde laConvención
Internacional de los Derechos
Humanos de las personas con
Discapacidad
ix
o, como plantean
algunos autores comoDemetrioCasado
x
,
reivindicar el espíritu y el plenodesarrollo
de la Ley de Igualdad de Oportunidades,
No Discriminación y Accesibilidad Uni-
versal –LIONDAI (2003)–, la LISMI
(1982), así como las leyes concurrentes
como las de Servicios Sociales. Incluso
la posibilidad de realizar una norma
específica y transversal (servicios so-
ciales, salud, trabajo, vivienda, etc.) de
promoción de la autonomía personal.
No existen personas dependientes o
independientes; la cuestión, por tanto,
no es el pertenecer a un determinado
grupo etiquetado o clasificado para
acceder a unos derechos, sino lo que
existen son situaciones en las que una
persona con limitaciones previas debidas
a una deficiencia puede ver limitada en
mayor o menor medida su autonomía
para realizar su trayectoria personal.
No es solo la persona con discapacidad
la que tiene que adaptarse, sino es la
sociedad la que ha de ser inclusiva en
base a la igualdad de oportunidades
y asumiendo la diversidad humana.
De ahí que, en la actualidad, los movi-
mientos de Vida Independiente planteen
el modelo de la diversidad funcional,
que reivindica la diversidad como un
factor de riqueza, centrando el problema
no tanto en la situación como en las
consecuencias. En el fondo, la cuestión
de la discapacidad trasciende más allá
de los necesarios derechos para acceder
a las posibles prestaciones asistenciales,
la eliminación de barreras o el acceso
a los bienes sociales deseables y en
igualdad de oportunidades. La cuestión
es la de avanzar en el reconocimien-
to de la diversidad en las sociedades
modernas o, como decía la socióloga
Marta Ochman
xi
, en cómo conciliar la
diferencia y el bien común. En cómo
vertebrar una sociedad diversa o, si se
me acepta, en cómo asumir el riesgo de
que la diversidad forme parte de nues-
tro propio código cultural y personal.
Y ello solo será posible si empezamos
por incorporarla en la educación y
la socialización de nuestros niños y
nuestros adolescentes.
SR
Dossier de actualidad
i
Casado, D.: “De la LISMI a la LAAD”. En POLIBEA. Revista sobre discapacidad e iniciativas sociales. Núm 100. Especial POLIBEA. Julio-septiembre, 2011.
ii
De Asís Roig, R.: Reflexiones en torno a la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Universitas. Revista de Filosofía, Derecho
y Política, nº 5, pp 3-21. Enero 2007.
iii
Salvador-Carulla, S.; García-Gutiérrrez, C. “ The WHO construct of health-related functioning (HrF) and its implications for health policy”. BMC Puclic Helth 2011, 11 (Suppl
4); S9.
Online
en http://www.biomedcentral.com/147-2458/11/S4/S9.
iv
Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el cual se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servi-
cios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y se establecen las
prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para 2011.
v
Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre determinación del contenido de los servicios de
promoción de la autonomía personal dirigidos a las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.
vi
ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria.
vii
Orden ASC/471/2010, de 28 de septiembre, por la que se regulan prestaciones y profesionales de la asistencia personal en Catalunya.
viii
Ajuntament de Barcelona y Antares Consulting : “El agravio comparativo económico de la discapacidad en la ciudad de Barcelona” 2006.
ix
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid.
Online
en www.tiempodelosderechos.es
x
Casado, D.: “De la LISMI a la LAAD”. En POLIBEA. Revista sobre discapacidad e iniciativas sociales. Núm. 100. Especial POLIBEA. Julio-septiembre, 2011.
xi
Ochman, M.: Entre la diferencia y el bien común: los retos de una ciudadanía inclusiva . IV Congreso europeo de CEISAL de Latinoamericanistas. CEISAL. Bratislava. República
Eslovaca. Julio. Internacional (2004).